Negar la atención sanitaria a un ciudadano por el hecho de hablar en valenciano es un caso de discriminación que vulnera la legalidad del Estatuto de autonomía valenciano, la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano (LUEV) e incluso el artículo 14 de la Constitución española. Por ello la Plataforma per la Llengua ha denunciado administrativamente a la ginecóloga Adriana Paredes ante el Síndico de Greuges y la Generalitat Valenciana, y ha solicitado la apertura de un expediente a la profesional.

La Policía Nacional ha identificado a Manuel Carceller, delegado de la Plataforma per la Lengua País Valencià, cuan representantes de L'ONG del valencià y amigos y familiares de los pacientes discriminados se han concentrado ante el Centre de Salut Joan Llorens de València, después de presentar la queja formal, y han exhibido una pancarta con el lema "Volem viure plenamente en valenciá".

El pasado 28 de agosto, la paciente va entrar a la consulta ginecológica del Centro de Salud Joan Llorens. Cuando la médico preguntó cómo se encontraba la mujer, embarazada de 30 semanas, le respondió: «Bé, excepte l'hèrnia umbilical...». La ginecóloga no dejó finalizar la frase a la paciente y le dijo: «Hable en castellano». La paciente, acompañada por su compañero y por su hija menor (6 años), se encontraron en una situación incómoda y violenta en la que consideran que se produjo una vulneración de sus derechos. Tanto la paciente como su compañero explicaron que tenían el derecho a expresarse en la lengua propia, oficial al País Valencià, si bien en ningún momento pidieron a la mujer que cambiase de lengua.
La médico, en cambio, sí que afirmó que los pacientes tenían una supuesta obligación de hablar en castellano e incluso los amenazó de que, en caso de no hacerlo, no les atendría y deberían solicitar otra cita. Ante la tensa situación, el compañero de la paciente se ofreció a hacerle de traductor, con tal que ella pudiera expresarse en su lengua.

Finalmente, la médico se dirigió a la paciente para que fuera al potro ginecológico para hacerle la revisión, durante la cual no tuvo comunicación alguna con la paciente. En acabar la revisión, redactó el informe de la consulta y se dirigió a la enfermera para que diera a la paciente, sin dirigirles en ningún momento la palabra ni a ella ni a su compañero. Cuando el compañero de la paciente le solicitó a la médico la ecografía, de nuevo en valenciano, esta respondió textualmente: «No soy fotógrafa, soy ginecóloga». El hecho demuestra que no había ningún problema de comprensión del valenciano por parte de ella, como aseguraba, sino una actitud vejatoria y prepotente.
En el informe de consulta, redactado por la propia médico del Centro de Salud, se afirma que «la paciente se niega a hablar en castellano, no la entiendo, se comportan de forma prepotente». La verdad es que la médico Adriana Paredes ofendió de modo arbitrario a la paciente y se inventó una obligación de hablar castellano inexistente para, acto seguido, manifestar prejuicios lingüísticos contra el valenciano impropios de una trabajadora del sector público de la Generalitat Valenciana.

"Un caso gravísimo de incumplimiento de las obligaciones"

Manel Carceller ha asegurado que «la discriminación en la atención sanitaria a un paciente, por el hecho de hablar valenciano, es un caso gravísimo de incumplimiento de las obligaciones de esta profesional sanitaria. Una discriminación por razón lingüística es tan grave como una por razón de raza, ideología religiosa o política».
La Plataforma per la Llengua, más allá de la denuncia ante el Síndic de Greuges y la oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana por prejuicios ideológicos en la atención sanitaria, considera que la médico Adriana Paredes necesita recibir un curso de conocimiento del valenciano para facilitar el derecho de los pacientes a hablar en la lengua propia. Cabe recordar que el artículo quinto de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano explicita que «la administración adoptará las medidas necesarias para impedir la discriminación de ciudadanos o actividades por el hecho de usar cualquiera de las dos lenguas oficiales, así como para garantizar el uso normal, la promoción y el conocimiento del valenciano». El valenciano es lengua propia en el territorio del País Valencià, y todos los ciudadanos tienen derecho a conocerlo y a usarlo oralmente y por escrito, tanto en las relaciones privadas como en las relaciones con instancias públicas.

Un caso con precedentes

La Plataforma per la Lengua recuerda que el caso tiene un precedente que culminó con las actuaciones que ahora reclama la entidad. En 2017, la Generalitat impuso una sanción disciplinaria a una enfermera que increpó a un paciente por usar el valenciano en la consulta del centro de salud pública de Castelló de la Ribera y la obligó a recibir un curso de valenciano.