Este jueves, coincidiendo con la recuperación de los servicios habituales de los juzgados, la Plataforma per la Llengua publica el informe ¿Qué obstáculos impiden el uso del catalán en la justicia? El documento explica claramente cuáles son estos impedimentos y aporta más de una docena de ideas para promover y reforzar el catalán entre los profesionales que trabajan con la Administración de Justicia o se relacionan con ella. La reclama a las instituciones judiciales que destinan esfuerzos a no discriminar a los ciudadanos por razón de lengua y que no se escudan en la emergencia sanitaria del Covid-19 para vulnerar sus derechos lingüísticos.
Una de las demandas de l'ONG del català, que es constante y que se suma a las peticiones que también realiza el Consejo de Europa, es que las Cortes españolas modifiquen el artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El cambio tendría que permitir que la ciudadanía tenga el derecho de tramitar los procedimientos judiciales en catalán. De hecho, este es el gran obstáculo para el catalán en el campo judicial, dado que fija el castellano como lengua por defecto. Este hecho limita los derechos de los hablantes de otras lenguas y provoca que el catalán no sea un requisito para los magistrados, jueces ni fiscales que trabajan en territorios donde esta lengua es la propia. Por lo tanto, esta Ley debería regular que el conocimiento del catalán (y del occitano, en el caso de la Vall d'Aran) sea un requisito para los jueces, magistrados, fiscales, letrados y personal de la Administración de Justicia, si procede, con un período de adaptación no superior a seis meses. Todo ello, como mínimo, tendría que ser aplicable a Catalunya, a Les Balears y al País Valencià.
Además, la Plataforma per la Llengua propone que las instituciones judiciales centrales y superiores, así como el Tribunal Constitucional, tengan una sede o delegación en Catalunya, en el País Valencià y en Les Balears. Esta aproximación debería servir para garantizar los derechos lingüísticos de los administrados de estos territorios en el trámite de sus expedientes y recursos de amparo constitucional.
Por otro lado, el informe también incluye un análisis del derecho comparado del Estado español con los de Bélgica, Suiza y Canadá. Así, se puede constatar cómo tratan la diversidad lingüística otros estados con realidades plurilingües similares y evidenciar la anomalía española en cuanto al tratamiento de las lenguas propias de los diversos territorios.
Recuperar el Plan de fomento del uso del catalán
Otras propuestas reclaman la implicación directa del Departamento de Justicia de la Generalitat. Así, la consejería podría proponer un servicio de traducción al CGPJ que permita garantizar en los documentos y en las actuaciones de los usuarios la misma situación de la que gozan los expedientes judiciales tramitados en castellano. Asimismo se propone recuperar el Plan de fomento del uso del catalán en las actuaciones letradas, el cual bonificaba a los abogados de turnos de oficio que redactaban las actuaciones en catalán, y que se suspendió unos meses atrás a pesar de que ayudaba a reforzar la presencia del catalán en las sentencias, las interlocutorias y los documentos de tramitación. Otra de las soluciones que se proponen en este estudio pasa por firmar convenios con los colegios de abogados mediante los cuales se bonifique la cuota de los profesionales colegiados que adquieran el compromiso de realizar las actuaciones en catalán.
Aparte de las gestiones académicas o de aquellas en las que pueda intervenir el Departamento de Justicia de los gobiernos catalanohablantes, desgraciadamente, el principal obstáculo para garantizar los derechos del ciudadano ante la justicia en el Estado español es normativo. No se trata tanto de concienciar a los ciudadanos catalanohablantes de sus derechos lingüísticos como de conseguir que éstos reciban la correspondiente protección por parte de los poderes públicos.
Finalmente, como última propuesta para mejorar la presencia del catalán en el ámbito judicial, la Plataforma per la Llengua considera que debe asegurarse el uso del catalán durante la etapa formativa de los futuros juristas. Para ello, l'ONG del català propone a las universidades catalanas que garanticen que la mayoría de las clases se impartan en catalán y que ninguna asignatura se imparta sin ofrecer la opción de cursarla en catalán. De este modo, los juristas que salgan de universidades catalanas y quieran ejercer su profesión en catalán tendrán la posibilidad de hacerlo con total garantía. Además, estos grupos deben apostar por materiales académicos y manuales en catalán, ya sea mediante la creación de servicios de traducción o usando materiales elaborados directamente en catalán, una oferta que hoy en día es de lo más baja.
