La Plataforma per la Llengua atiende y gestiona reclamaciones y quejas de consumidores sobre el trato y la atención lingüística de empresas e instituciones que operan en el dominio lingüístico catalán. Además, desde el año 2015, también sistematiza la recogida de discriminaciones lingüísticas graves por parte de la Administración pública. Tras analizar y gestionar los datos, l'ONG del català ha presentado dos informes, uno con las quejas recogidas durante el 2018 y otro con las discriminaciones lingüísticas graves gestionadas durante el mismo año, dado que la entidad considera que la concienciación de los catalanohablantes sobre los derechos que tienen es asimismo una forma para hacerlos valer y reivindicarlos. En este sentido, desde este 2019 la Plataforma per la Llengua es miembro de la Mesa de Entidades de Atención a las Víctimas de Discriminación de Barcelona, un ejemplo de buena práctica que la entidad considera que debería extenderse a otras ciudades como València o Palma de Mallorca.
Durante el 2018 las quejas y reclamaciones recibidas por la Plataforma per la Llengua han aumentado un 32 %, y han pasado de 430 a 570, superando así las 500 quejas por primera vez. A pesar de que pueda parecer que el aumento está marcado por un incremento de las discriminaciones, la entidad realiza una lectura positiva, porque refleja un aumento en la concienciación por parte de la ciudadanía y del conocimiento del servicio de atención de quejas de la Plataforma per la Llengua.
Si bien las administraciones que han recibido más quejas son la Administración central española y la Generalitat de Catalunya, la tipología de quejas de ambas es diferente. En el primer caso están distribuidas en diferentes ministerios u organismos y o bien se refieren a discriminaciones en el ámbito de la atención oral y escrita, o bien son quejas genéricas dirigidas a la actitud respecto al catalán por parte del Gobierno español. En el caso de la Generalitat de Catalunya, la mayor parte de las quejas se centran en dos organismos que dependen de ella: el Departament de Salut y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Además, los motivos que originan estas quejas son variopintos y no existe ninguno que destaque especialmente por encima de los demás. Dentro del sector privado, que sigue siendo el que recibe un número más elevado, también se mantienen las tendencias de los últimos años, con las empresas de servicios, las que basan su actividad en internet y las grandes superficies y franquicias como las que reciben más quejas. Este 2018 cabe destacar que se ha duplicado el número de quejas dirigidas al sector de la hostelería y la restauración, que pasan de las 19 quejas del 2017 a las 38 del 2018. Tripadvisor, un año más, es la empresa que recibe más quejas.
"Estamos en España, hable castellano"
En cuanto a las discriminaciones lingüísticas graves por parte de la Administración pública, la Plataforma per la Llengua ha gestionado 25 casos, un número similar al de años anteriores: en 2017 la Plataforma per la Llengua detectó 26 casos de discriminación lingüística, y en 2016 detectó 22. Igual que en los años anteriores, los casos detectados durante el 2018 se han producido en varios ámbitos de la Administración pública, en los diversos territorios donde se habla el catalán y en diferentes niveles administrativos. Asimismo, dado que también es habitual, la Administración central del Estado es la que ha acumulado la mayoría de los casos de discriminación, y los cuerpos policiales, los juzgados y los centros de salud han sido sus escenarios principales.
L'ONG del català, aun así, tiene claro que estos casos son apenas la punta del iceberg de un problema de exclusión lingüística mayor que tiene como fenómeno más relevante la inhibición y la autocensura de los hablantes de catalán, que a menudo optan por renunciar a su propia lengua. Muchos catalanohablantes han interiorizado las situaciones de diglosia, de convergencia hacia el castellano y de sumisión a un funcionariado que a menudo es impositivo y arbitrario.
Uno de los casos que la Plataforma per la Llengua denuncia en el informe es el de Cristina Brullet, de 69 años, que fue agredida verbalmente y amenazada con ser esposada por haberse dirigido en catalán a un agente de la Policía Nacional. Los hechos sucedieron en la comisaría de la calle de Balmes de Barcelona, donde Brullet pidió información para renovarse el pasaporte. Al poco tiempo, el policía se calentó y le exigió que le hablara en castellano porque no la entendía y que «estamos en España». Esta exigencia es completamente ilegal, dado que el artículo 54.11 de la Ley del Estatuto básico del Empleado Público dicta que los servidores públicos deben garantizar «la atención al ciudadano en la lengua que solicite siempre que sea oficial en el territorio». Cuando Cristina Brullet siguió hablando en catalán, mientras alegaba que también es una lengua oficial, el servidor público le ordenó que se identificara porque le había faltado al respeto. Tras identificarse, la ciudadana pidió al funcionario que le mostrara el número de identificación, a lo que el policía se negó. Incluso Brullet denunció que el agente llegó a amenazarla con ser esposada. Asesorada por la Plataforma per la Llengua y la Oficina per la No Discriminació de Barcelona, Brullet denunció administrativamente la actuación de los agentes, pero las denuncias han sido archivadas con respuestas evasivas, lo que refuerza la impunidad de los servidores públicos cuando discriminan.
También fue discriminado por la Policía Nacional Jaume Arbós, a quien se le negó el acceso a una comisaría por haber hablado en catalán al agente de la entrada. Arbós acudió a la comisaría de Terrassa para tramitar la obtención de un certificado de antecedentes penales que necesitaba. En la puerta, un agente frenó a Arbós para preguntarle a dónde iba. Cuando Arbós le respondió en catalán, el policía dijo no entenderle y le exigió que le hablara en castellano. Arbós se mantuvo en catalán, consciente de su derecho de hablarlo, y el agente siguió sin atenderle y no le permitió acceder a la comisaría.
Pero las discriminaciones lingüísticas graves afectan también a la Administración autonómica. Uno de los casos denunciados es el de una trabajadora del Servei Català de la Salut, que negó la atención en catalán a un pequeño con problemas psicológicos. Los hechos sucedieron cuando Núria Navàs acompañó a su hijo Bernat a una visita psicológica en el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Reus del Servei Català de la Salut. La profesional que gestionaba el caso de Bernat, que no era la primera vez que asistía al centre, era nueva y tal como se presentó, ya les advirtió que no entendía el catalán. Además, cuando la madre le preguntó, extrañada, si no era un requisito saber catalán, la profesional mintió y aseguró no serlo.
Un problema estructural del Estado
La discriminación de los hablantes de catalán es un problema estructural del Estado español que se ha construido a lo largo de los siglos, exclusivamente en torno a Castilla, su cultura, su tradición, su historia, sus símbolos y, muy especialmente, su lengua. Aún hoy, la Constitución española dicta que el castellano es la lengua oficial en todo el Estado y limita la posibilidad de hacer oficial el catalán allí donde es lengua autóctona. A su vez, la Constitución española impone a todos los ciudadanos del Estado el deber de conocer el castellano y -según el Tribunal Constitucional español en la sentencia contra el Estatut de Catalunya- prohíbe que se imponga un deber equivalente para el catalán, incluso allí donde es lengua propia. Este hecho tiene efectos importantes sobre los derechos de las personas. Así, es impensable que un funcionario no entienda a los ciudadanos que se le dirigen en castellano, pero es de lo más habitual que los ciudadanos catalanohablantes encuentren trabas y obstáculos cuando se expresan en su lengua con la Administración y los servidores públicos. Los funcionarios de la Administración General del Estado están casi del todo exentos de conocer ninguna lengua diferente del castellano. Por todos estos motivos, la Plataforma per la Llengua propuso un plan de choque en el marco de la campaña "Prou de Catalanofòbia", con peticiones al Gobierno español, como por ejemplo derogar la discriminación legal estructural de los hablantes de catalán, exigiendo la capacitación lingüística al personal de la Administración central en los territorios donde se habla catalán. Asimismo solicitó a los gobiernos catalán, valenciano y balear asistencia gratuita a las víctimas y normativa autonómica que permita sancionar administrativamente a quienes discriminan.
