En el 2017, la Plataforma per la Llengua denunció que se había eliminado la opción de ser atendidos en catalán de la línea de atención telefónica para la campaña de la renta. En aquel momento, ya se reveló que cuando se ofrecía la opción de ser atendidos en catalán no se respetaba. Dos años más tarde la discriminación lingüística va aύn más allá: los trabajadores de la Agencia Tributaria han recibido órdenes de "no ofrecer nunca" la opción de ser atendidos en un idioma cooficial.
Así lo ha denunciado un trabajador de Hacienda a la Plataforma per la Llengua, tras recibir, mediante la Intranet de la Agencia Tributaria, un recordatorio en el que se ordena a la plantilla que ύnicamente se considerará que el contribuyente quiere ser atendido en esta lengua "si el contribuyente insiste en utilizar esta opción". Pero apunta que "no la ofreceremos nunca porque al solicitar la cita no es posible escoger un idioma cooficial".
La Plataforma per la Llengua, aun así, ha comprobado que ni siquiera cuando el contribuyente quiere ser atendido en catalán se le garantiza la atención en esta lengua. En diversas llamadas de comprobación, los operadores de la campaña de la renta han dejado claro que no era posible derivar la llamada a un departamento que atendiera en catalán. Un hecho que la Plataforma per la Llengua considera discriminatorio.
Impuestos de primera, derechos lingüísticos de segunda
La Plataforma per la Llengua denuncia que se trata de una nueva muestra de que el Estado discrimina a los catalanohablantes. "Gobierne el PP o gobierne el PSOE de Sánchez, sea por la puerta delantera o por la trasera, el Estado español lo tiene claro: los catalanohablantes pagamos impuestos a Hacienda pero somos tratados como ciudadanos de segunda, no tenemos los mismos derechos que los castellanohablantes. ¡Basta ya!", asegura Òscar Escuder, presidente de la Plataforma per la Llengua. "En este caso, además, la Administración actύa de una forma perversa y ordena a sus trabajadores que obvien los derechos lingüísticos de los ciudadanos, por lo que denunciaremos esta situación ante el Comité de Expertos del Consejo de Europa, que evalύa el cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias".
Para evitar situaciones como ésta, la Plataforma per la Llengua asegura que es imprescindible un compromiso político firme que modifique el actual ordenamiento jurídico. "La Constitución española, en el artículo 3, perpetύa la superioridad del castellano por encima del catalán, el euskera o el gallego. Por todo ello el Estado puede discriminar a los catalanohablantes y no pasa absolutamente nada", apunta Escuder. La ONG del català ha enviado a los partidos diversas propuestas para que se comprometan a emprender reformas de la Administración para que casos como éste no se vuelvan a repetir, como la capacitación generalizada en catalán de los servidores públicos o la garantía del derecho de opción lingüística de los catalanohablantes. La entidad pide a la ciudadanía que firme para presionar con el fin de que los partidos las acepten a través del web www.lallenguanoestoca.cat.
