La Plataforma per la Llengua ha presentado hoy la campaña "Basta de catalanofobia: no dejes pasar ni una más". La ONG del català ha denunciado que ha recibido más de 155 quejas por discriminaciones lingüísticas graves por parte de la Administración pública, 23 de las cuales desde primeros de año, pero ha dejado claro que esto es tan sólo la punta del iceberg, porque sólo una pequeña parte de estas discriminaciones son denunciadas. "Queremos decir basta: basta de catalanofobia, y basta de discriminarnos y agredirnos por el simple hecho de hablar nuestra lengua. Porque no es una anécdota, sino una situación estructural de un Estado, el español, que nos maltrata reiteradamente por el hecho de hablar diferente", ha asegurado Òscar Escuder, presidente de la Plataforma per la Llengua.

"Una discriminación lingüística grave es que te nieguen un servicio por el simple hecho de hablar en catalán. Es que te insulten, te humillen, te vejen, te amenacen, o incluso, que te agredan físicamente, sólo por hablar en catalán", ha indicado Escuder. "Esto, que dicho así tendría que ser surrealista, es demasiado habitual". La Plataforma per la Llengua quiere dejar claro que las discriminaciones lingüísticas no son ninguna exageración, que se producen, que tienen consecuencias, así como nombres y apellidos. Por ello, dos víctimas han participado en la presentación, exponiendo su caso en primera persona. Es el caso de Xavier Casanovas, profesor universitario que fue multado con 601 euros por haberse dirigido en catalán a un agente de la Policía Nacional en el control de pasaportes del Aeropuerto del Prat y haberse negado a cambiar de idioma después de que el agente se lo exigiera con malas formas. El agente, además, le amenazó con un "sé dónde vives". També ha expuesto su caso Cristina Brullet, de 69 años, que fue agredida verbalmente, y amenazada de ser esposada, por haberse dirigido a un agente de la Policía Nacional cuando fue a renovarse el pasaporte, en la comisaría de la calle Balmes de Barcelona. La ONG del català, además, ha presentado unos informes basados en hechos reales para denunciar los diferentes ámbitos donde se producen las discriminaciones: la Administración, la justicia y la empresa.

"¿Qué demócrata puede defender que estas vulneraciones de los derechos lingüísticos, estas agresiones por el simple hecho de hablar una lengua oficial que, además, es la lengua propia, son una minucia sin importancia?", ha preguntado Escuder. "No, no son una anécdota. Son catalanofobia, y es antiestatutaria y anticonstitucional. ¡Ya es suficiente!"

Escuder también ha denunciado que las discriminaciones lingüísticas son una anomalía en Europa. "Sería impensable que en países como Suiza, con 4 idiomas oficiales, en Finlandia, con una minoría de hablantes de sueco, o en Bélgica, con 3 lenguas oficiales, tuviéramos que denunciar esta situación", ha asegurado. "El caso de los juicios de los exiliados en Bruselas es un ejemplo paradigmático de la defensa de la diversidad y de los derechos lingüísticos. Allí, los abogados del presidente Puigdemont y de los consellers en el exilio pudieron escoger un proceso judicial en francés o en flamenco. ¿Por qué esto es impensable en nuestra casa?"

Con tal de solucionar esta situación de discriminación e impunidad, la Plataforma per la Llengua hará llegar un plan de choque a los presidentes Sánchez, Torra, Puig, Armengol y Lambán. Quien lo quiera podrá hacer llegar cartas a los diferentes gobiernos implicados, reclamando que actúen contra esta situación, a través del web www.proudecatalanofobia.cat. "Las discriminaciones lingüísticas se pueden erradicar. Son un problema de base del Estado, y son la causa de un supremacismo lingüístico estructural, pero pueden extirparse. Se necesita voluntad política", ha asegurado Escuder.

La campaña de la Plataforma per la Llengua se dirige al Gobierno español. "El presidente Sánchez tiene una gran oportunidad de demostrar que su defensa de una España plurilingüe no es humo", ha asegurado Escuder. La ONG del català ha indicado al Gobierno que es necesaria una modificación de la Constitución española para conseguir que el catalán també sea lengua oficial del Estado y se equiparen los derechos de los hablantes de las diferentes lenguas del Estado. La entidad pide a Sánchez que inste a sus ministerios a ofrecer también en catalán todos los servicios a los ciudadanos de los territorios de habla catalana, y que apruebe por decreto que las dependencias públicas de la Administración española, especialmente las comisarías, tengan carteles que recuerden a la ciudadanía que tiene derecho de hablar en catalán. "Para hacer esto no necesita el apoyo del Congreso, ni le hace falta aprobar ningún nuevo presupuesto: no hay excusas", ha avisado Escuder.

Pero, aparte de esto, el plan de choque presentado por la entidad también incluye propuestas para los gobiernos catalán, valenciano, balear y aragonés. La Plataforma per la Llengua pide que el Parlamento catalán impulse una nueva ley contra las discriminaciones lingüísticas. El artículo 32 del Estatuto catalán asegura que todas las personas tienen derecho a no ser discriminadas por razones lingüísticas, pero no existe ninguna normativa que lo desarrolle. Por ello desde la ONG del català proponemos una nueva ley contra la discriminación lingüística que incluya un régimen sancionador. Aunque Cataluña no es competente para modificar el código penal o tener uno propio, podemos establecer un sistema de sanciones similar al que se aplicó con las actitudes contra la LGTBIfobia. "Lo más importante a la hora de acabar con la situación actual es la pedagogía, pero allí donde no llega la pedagogía, debe llegar la sanción, como en cualquier otro tema. Sólo con sanciones efectivas podremos disuadir a aquéllos que día tras día atentan contra los derechos lingüísticos de los catalanohablantes. Para poner fin a este problema estructural, hay que acabar con la sensación de normalidad y de impunidad de quien discrimina", ha reclamado Escuder.

La entidad també reclamara al Gobierno de Torra que impulse campañas informativas en las dependencias públicas para recordar a la ciudadanía que tienen derecho a hablar en catalán y que no pueden ser discriminados por razón de lengua; y que ofrezca asistencia gratuita y completa a aquellas personas que hayan sido víctimas de una discriminación lingüística. También pedirá que el Departamento de Interior apruebe un plan de investigación, prevención y abordaje que permita que la catalanofobia se investigue de oficio y no sólo cuando existen denuncias. "Tenemos una policía propia, y queremos que este instrumento també sirva para garantizar los derechos lingüísticos de los hablantes de nuestra lengua propia. No se trata de una policía lingüística, ni de hacer que los Mossos controlen qué lengua habla cada uno: todo lo contrario. Se trata de evitar y actuar contra las discriminaciones que reciben los catalanohablantes por el simple hecho de hablar en catalán. Se trata de que la policía pueda actuar y actúe contra las vulneraciones de los derechos lingüísticos, tal como reclama el Estatut", ha indicado Escuder.

En cuanto al País Valencià, la ONG del català considera que los servidores públicos deben dominar las lenguas oficiales, y reclama a la Generalitat Valenciana la capacitación lingüística en valenciano de los trabajadores de la Administración valenciana y la local en los municipios de la zona valencianohablante. En la misma línea, la Plataforma per la Llengua pide al Gobierno de las Illes Balears la capacitación lingüística en la sanidad pública. Finalmente, la Plataforma per la Llengua reclama al Gobierno de Aragón que haga oficial al catalán. "Pedimos al Gobierno del presidente Lambán que lleve a las Cortes de Aragón un proyecto de reforma del Estatuto que haga oficial el catalán y que equipare los derechos de los catalanohablantes en la Franja a los de los hablantes de castellano", ha reclamado Escuder. "Así lo ha aconsejado el Consejo de Ministros del Consejo de Europa en las recomendaciones de cumplimiento de la Carta Europa de las Lenguas Regionales o Minoritarias", ha asegurado el presidente de la ONG del català.