La Plataforma per la Llengua ha analizado las relaciones de puestos de trabajo de los diversos ministerios del Estado español en diciembre de 2017 y los requisitos y méritos que se piden a los trabajadores públicos destinados a los territorios administrativos de habla catalana: Catalunya, el País Valencià y les Illes Balears. En conclusión, más del 98% de las plazas en estos territorios no prevén el catalán como mérito, y en ninguno de los más de 33.000 puestos de trabajo que se destinan a los territorios donde el catalán es oficial aparece la lengua propia como requisito.

El análisis de las plazas públicas de todos los ministerios realizada por la Plataforma per la Llengua demuestra que sólo 617 plazas de las 33.167 ―un dato que representa el 1,86% del total― que el Estado prevé para los territorios donde el catalán es lengua oficial incluyen que el catalán sea un mérito para conseguir este puesto de trabajo.

Los dos únicos ministerios que presentan el número más elevado de estas plazas son el de Interior (7,9%) y el de Hacienda y Función Pública (1,16%), pero, aún y así, son cifras testimoniales. Este hecho se explica por la previsión de valorar el catalán como mérito en algunas de las plazas destinadas principalmente a la DGT y a los servicios administrativos de Hacienda. Cabe mencionar que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación como el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no aparecen reflejados porque la administración estatal no destina funcionarios a los territorios analizados. Tampoco aparecen los funcionarios de habilitación estatal que ocupan plazas diseñadas desde las competencias en Justicia autonómicas de Catalunya y el País Valencià. Obviamente, tampoco se incluyen en el recuento los trabajadores públicos de las administraciones públicas autonómicas y locales.

El Estado español hace tiempo que recibe advertencias que indican que no se garantiza el derecho de opción lingüística en las dependencias de la Administración del Estado donde el catalán es oficial. En esta línea se pronunció el Consejo de Europa en la última revisión de cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias (CELROM) ―que el Estado español ratificó en el año 2001―, cuando el informe del comité de expertos consideró que la Administración del Estado no cumplía los compromisos previstos por el artículo 10.1.a («garantizar que las autoridades administrativas usen las lenguas regionales o minoritarias») ni por el 10.4.b («la selección y, si procede, la formación de los funcionarios y otros empleados públicos en número suficiente»). Posteriormente, el Consejo de Ministros recomendó al Estado español la implementación de «medidas prácticas destinadas a asegurar una presencia adecuada de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado en el plan de las comunidades autónomas».

La relación de plazas de diciembre de 2017 ―con ningún puesto de trabajo público que exige el catalán y menos de un 2% que lo valora― demuestra que el Estado no puede respetar las previsiones de cumplimiento de la CELROM ni con la nueva Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (aprobada en 2015), que establece que las administraciones públicas «deben garantizar la atención al ciudadano en la lengua que solicite siempre que sea oficial en el territorio» y, a este efecto, fija que «las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deben prever la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que tengan dos lenguas oficiales».

A pesar de ello, según los últimos datos que ofrece el propio Estado en el último informe de cumplimiento de la CELROM, en el año 2016 se dedicaron 1,12 euros por funcionario en Catalunya para aprender o mejorar el catalán (16.924 euros destinados a un total de 14.982 trabajadores públicos). El presupuesto destinado a esta materia equivale a 28 céntimos de euro por trabajador en las Illes Balears (1.122 euros para un total de 14.197 trabajadores públicos) y 0 euros en el caso del País Valencià.

La Plataforma per la Llengua reitera que el derecho de opción lingüística sólo se garantiza cuando la totalidad de los servidores públicos son capaces de hablar las lenguas oficiales del territorio donde trabajan. Las opciones alternativas, como por ejemplo la capacitación parcial de los funcionarios o los servicios de traducción, no funcionan, dado que piden actuaciones extraordinarias como podrían ser cambiar a los ciudadanos de mostrador donde son atendidos o hacer traducir determinados documentes para que algunos funcionarios los entiendan. Estas dificultades generan que muchas veces sea mucho más cómodo solicitar al ciudadano que renuncie a su derecho de opción lingüística que cumplir la ley. Estas peticiones, además de ser ilegales, generan en los hablantes la sensación de que, en general, renunciar a su lengua preventivamente es útil y desincentivan el uso del catalán.

Cabe destacar que estas consideraciones no las realizan sólo entidades de fomento de la lengua, sino que incluso son compartidas por actores como el Gobierno del Partido Popular de la Xunta de Galicia, que en el marco de la firma del Protocolo General de colaboración en materia de política lingüística con otras regiones con lenguas oficiales, publicó en el mes de marzo la siguiente consideración: «O requisito do coñecemento das linguas oficiais para o acceso á función pública [...] é a única maneira de garantir o dereito de opción lingüística.»