La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (CELRoM) es un tratado europeo, promovido por el Consejo de Europa desde 1992, cuyo objetivo es proteger las lenguas históricas de Europa que son minoritarias en los estados donde se hablan. El Estado español ratificó esta carta europea de compromisos lingüísticos el 2001, pero nunca ha parado de incumplirla en varios aspectos, tal y como indican los informes de evaluación que elabora periódicamente el Comité de Expertos de la CELRoM del Consejo de Europa.

En el último de estos informes de evaluación, el Comité de expertos del Consejo de Europa -que realiza un seguimiento del cumplimiento de la Carta- ha aprovechado las valoraciones y los datos aportados por la Plataforma per la Llengua, que les hizo llegar su propio informe de evaluación sobre los incumplimientos de España con la CELRoM. 

Por ejemplo, según señala el informe de la ONG del catalán, el comité europeo critica que, para acceder a trabajos en la administración, no es requisito obligatorio conocer la lengua propia de un territorio, sino tan solo un «mérito» a tener en cuenta. También destacan un dato sorprendente: el conocimiento de algunas lenguas extranjeras como el inglés, el francés o el alemán puntúa más en la evaluación de las solicitudes de acceso a algunos trabajos públicos que el conocimiento de lenguas que son oficiales. En este ámbito, el informe concluye que la legislación española no puede garantizar que los trabajadores públicos sean competentes en lenguas diferentes a la castellana. La Plataforma per la Llengua ha denunciado en reiteradas ocasiones que, sin un mecanismo de capacitación en catalán del personal de las administraciones públicas, no se garantizará una atención a los catalanohablantes en su propia lengua.

En su informe, además, la Plataforma per la Llengua alertaba al comité europeo de que la digitalización está empeorando la atención pública en catalán. En tal sentido, la evaluación del Consejo de Europa explica que la creciente telematización de la atención pública está desincentivando la contratación de trabajadores competentes en la lengua propia del territorio. En consecuencia, afirma el Comité de Expertos, los hablantes de las lenguas propias tienen un acceso a las citas presenciales de los servicios públicos aún más limitado que los castellanohablantes. Con esta afirmación, los expertos de la Carta prueban que en España unos hablantes tienen más derechos que otros.

El informe también reprocha al Estado español la poca presencia de las lenguas cooficiales en las páginas web del Estado y alerta de que se incumple el artículo 10 de la CELRoM. En este caso, el documento cita directamente los resultados de un estudio de la Plataforma per la Llengua: de 389 webs observadas, solo 5 están traducidas totalmente al catalán, 270 no incluyen ningún elemento en catalán y el resto solo están traducidas parcialmente. Tal y como se explica en este estudio de la entidad, los expertos europeos advierten de que estas traducciones suelen contener errores, lo cual provoca que muchos ciudadanos acaben optando por completar la versión castellana de los formularios accesibles desde estas webs. 

El Consejo de Europa también recomienda a España, una vez más, modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para asegurar el uso del catalán en procedimientos judiciales si una de las partes así lo pide, una opción que actualmente la administración de justicia no garantiza, aun con las previsiones legales de la Carta. Al final son los jueces quienes acaban eligiendo y quienes, en su mayoría, ignoran las peticiones de dirigir los procedimientos en catalán. Se trata de una recomendación reiterada, pero ningún estamento legislativo español ha impulsado su cumplimiento. Así lo denunciaba la Plataforma per la Llengua en el informe enviado al Comité de expertos europeos. El documento del Consejo de Europa destaca que este déficit legal es el causante de que el uso de estas lenguas en los juicios sea tan escaso, en relación con el porcentaje de población que las habla. 

El Consejo de Europa también deja en evidencia a algunos gobiernos autonómicos

El documento de evaluación no solo arremete contra el gobierno español y la administración central del Estado. El Comité también ha sido duro con el Consell de la Generalitat Valenciana. Como ya señalaron en el informe anterior, los responsables del seguimiento de la Carta consideran que el modelo plurilingüe que se quiere impulsar con la Ley de Educación Valenciana incumple la misma Carta y, de nuevo, recomiendan la inmersión lingüística en la educación pública a fin de avalar los derechos de los valencianohablantes.  

Fuera de estos territorios cuya lengua oficial es el catalán, los expertos del Consejo de Europa lamentan que Murcia no aprovechara la reciente reforma estatutaria para incluir el catalán. En esa misma línea, piden a las instituciones que, de forma «inmediata», emprendan acciones para que el Estatuto de Autonomía de Aragón reconozca el catalán, una reclamación ya incluida en el pasado informe de evaluación. De hecho, el comité insiste en que las medidas extraordinarias aplicadas por la pandemia no pueden ser una excusa para pisar los derechos de los hablantes de las lenguas propias. Así lo remarcan también cuando se refieren a la educación, y lo hacen advirtiendo de que las clases telemáticas pueden dar lugar a desventajas, dado que la disponibilidad de materiales audiovisuales en castellano es mucho mayor. Además, el Consejo de Europa recomienda que toda la información que se dé y vaya en relación con la COVID-19 esté disponible en las diferentes lenguas propias del Estado.