La expansión de internet ha generado que las diversas administraciones, instituciones y organismos públicos dispongan de una infraestructura digital que permite a los usuarios acceder a todo tipo de información online y realizar un amplio abanico de trámites, gestiones y solicitudes. Desde el año 2017, la Plataforma per la Llengua realiza anualmente una observación exhaustiva de los portales web vinculados a la administración estatal española para conocer hasta qué punto se puede acceder a ellas en catalán.

En el estudio del 2020, los resultados son tan decepcionantes como los de los tres últimos años. Las páginas traducidas en algún grado siguen representando cerca de un tercio del total y en la mayoría de los casos se trata de traducciones parciales o residuales. Además, las faltas de ortografía y los errores lingüísticos siguen siendo un problema omnipresente en las traducciones, y la promoción de la fragmentación lingüística, que diferencia el catalán del valenciano, ha ido en aumento de una forma sensible.

Aun así, los catalanohablantes no pueden realizar en su lengua trámites tan esenciales como pagar el IVA anual, solicitar la tarjeta sanitaria europea o pedir el informe de vida laboral a la Seguridad Social. El 2020 ha sido un año más durante el que las instituciones centrales han vulnerado el derecho de los ciudadanos catalanohablantes de acceder a la información y a los servicios públicos estatales en su lengua, sin ninguna mejora de la situación. La Plataforma per la Llengua ha registrado una petición a la Delegación del gobierno español en Catalunya, en la que solicita la inclusión del catalán en todos los webs del estado, el fin de las dobles versiones que diferencian al catalán del valenciano y la corrección masiva de errores. Según cual sea la respuesta y los cambios que detectemos en futuras observaciones, volveremos a denunciar esta situación al Consejo de Europa.

El "gobierno más progresista de la historia" de España sigue discriminando el catalán

El estudio de l'ONG del català es una nueva muestra de que la política de descuido y abandono del catalán no ha variado con los diferentes gobiernos españoles que se han sucedido desde el 2017: el de Mariano Rajoy, el de Pedro Sánchez en solitario y el del PSOE en coalición con Unidas Podemos. La discriminación lingüística del actual gobierno, que tendría que ser "el más progresista de la historia" de España, resulta especialmente indignante.

Unidas Podemos, si bien defiende un modelo estatal más respetuoso con el plurilingüismo que el actual, no tiene la aplicación de este modelo como una prioridad a la hora de negociar con su socio de gobierno. A menudo, ni siquiera respetan los derechos de los catalanohablantes en lo que depende de su partido. Por ejemplo, el web del ministerio de Igualdad, encabezado por Irene Montero y creado durante esta legislatura, incluye el catalán en el menú de lenguas, pero en realidad ninguno de los contenidos está traducido al catalán. Pura apariencia.

El PSOE, por su lado, no lleva a cabo aquello que solicitaba desde la oposición. De hecho, en 2017, a través de una serie de preguntas parlamentarias, el partido reclamó al ejecutivo de Rajoy que los webs públicos incluyeran versiones en las lenguas cooficiales del Estado. Una vez en el poder, los socialistas no sólo no han rectificado aquello que reprochaban al PP, sino que han creado nuevos portales web que sólo tienen versión en castellano, como el del Bono Social Térmico, un plan de ayudas para combatir la pobreza energética. Tampoco tiene versión en catalán el web Spain Travel Health, con información en lenguas como el alemán o francés sobre las medidas de seguridad necesarias para viajar en tiempos de pandemia. En cuanto a los trámites que tienen que efectuarse para viajar, se pueden realizar en urdú o en búlgaro, pero de ningún modo en catalán.

También en 2017, los socialistas presentaron una proposición de ley para el "reconocimiento y empara de la pluralidad lingüística de España" que habría permitido, por ejemplo, el uso del catalán con todos los organismos del Estado que nos rige, independientemente de que el servicio público se preste desde Madrid. El PSOE, una vez en el poder, no la ha materializado. Es más, el pasado 9 de marzo, los socialistas no apoyaron una proposición no de ley a favor del plurilingüismo presentada al Congreso de los Diputados por nueve entidades que defienden la lengua propia de su territorio, entre las cuales se cuenta la Plataforma per la Llengua. Uno de los puntos rechazados por los socialistas reclamaba, precisamente, que las páginas web estatales pasen a tener versiones en todas las lenguas propias de los diferentes territorios del Estado.

Las cifras demuestran la marginación del catalán

De las 389 páginas observadas por la Plataforma per la Llengua, sólo 119, el 30,6 %, presentaban a los usuarios la posibilidad de navegar en catalán. De estas páginas, sólo 4 están traducidas en absoluto al catalán, un irrisorio 1,0 % del total. Se trata de una cifra muy parecida a la de los años anteriores: 1,6 % en 2017, 1,1 % en 2018 y 2,0 % en 2019.

En cuanto a las páginas parcialmente traducidas al catalán, es decir que no permiten el acceso a todos los contenidos y servicios en esta lengua, pero que tienen las utilidades principales traducidas, el estudio concluye que sólo representan un 12,1 % de las cerca de 400 páginas estudiadas. Una cifra de nuevo muy similar a la de los últimos años.

En 2020, más de la mitad de las páginas web del Estado español con la opción teórica de navegar en catalán presentaban una versión simbólica y residual. Concretamente, son 68 de las 119 páginas observadas, el 57,1 %. Estas páginas con traducciones residuales sólo presentan en catalán algunos menús fijos de navegación y contenidos generalistas y estáticos, a menudo en la primera interfaz, o como máximo en una segunda página de navegación.

Al margen de la escasa presencia del catalán, también es importante destacar que el 82,4 % de las páginas con algún contenido en catalán contienen errores lingüísticos graves: faltas ortográficas, traducciones mal diestras, acentos girados, sustituciones de puntos volados por puntos bajos, etc. Además, de forma muy recurrente, estas páginas presentaban mezclas lingüísticas en las que los títulos estaban en catalán y los contenidos en castellano o a la inversa, o menús fijos y desplegables con algunas opciones en catalán y algunas en castellano.

Otro elemento preocupante año tras año es la práctica de la fragmentación lingüística. Es decir, se trata al catalán como si no fuera una única lengua, diferenciándolo en términos de "catalán" y "valenciano". Según el estudio de la Plataforma per la Llengua, en el año 2020 el 42,9 % de las páginas con versión en catalán diferenciaban estas lenguas, con casos tan alarmantes como las páginas web de Renfe o la Moncloa.  

España incumple la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias

La CELROM es un tratado promovido por el Consejo de Europa y ratificado por el Estado español en 2001 que promulga que los estados miembro deben garantizar una serie de derechos a los hablantes de "las lenguas regionales o minoritarias". Por ejemplo, determina que estas lenguas deben ser utilizadas por las autoridades administrativas, las cuales tienen que estar incluidas en formularios y textos administrativos de uso frecuente y que deben ser usadas en la prestación de los servicios públicos. El Comité de Expertos, que vela por el cumplimiento de este tratado, considera, aún a día de hoy, que el Estado español sólo cumple parcialmente estas tres obligaciones porque, entre otras cosas, la presencia del catalán en los portales web oficiales es parcial y mejorable. Sólo la incorporación plena del catalán a la infraestructura digital del Estado permitirá considerar cumplidos los compromisos contraídos por el Estado español con la firma de la CELROM.

Los catalanohablantes en el Estado español siguen teniendo los derechos lingüísticos severamente limitados porque, a diferencia de comunidades lingüísticas de medidas similares (los hablantes de danés en Dinamarca, los de neerlandés o los francófonos en Bélgica), están sujetos a una política lingüística estatal que les es abiertamente contraria. La Plataforma per la Llengua seguirá realizando estudios que demuestran la discriminación que sufren los catalanohablantes y seguirá liderando acciones a favor de la igualdad lingüística.