La Plataforma per la Llengua trabaja para que las administraciones reconozcan plenamente la lengua catalana, la utilicen, la fomenten y sobre todo garanticen los derechos lingüísticos de los ciudadanos en el ámbito público y privado. Es sabido y asumido que la lengua catalana sufre aun en el ámbito de la justicia una situación discriminatoria, incluso precaria, en ciertos contextos. Año tras año, el uso del catalán en este ámbito disminuye. En el ámbito judicial es donde encontramos las vulneraciones lingüísticas más graves, ya que es la propia Administración la que no cumple la normativa. La evolución decreciente del uso del catalán, también la encontramos en los documentos notariales, mercantiles y registros de la propiedad. El catalán en este ámbito, el judicial y el de la Administración pública del Estado en Catalunya, se encuentra en una situación difícil y que requiere medidas urgentes, constantes, y políticas de discriminación positiva hacia la lengua catalana.

El objetivo estratégico fundamental es conseguir incrementar la presencia de la lengua catalana en el ámbito judicial, especialmente en los ámbitos de relación con las personas usuarias y consumidores de este servicio, y también, con los profesionales de este ámbito (abogados, notarios, jueces, funcionarios...). Eliminar las situaciones de conflicto lingüístico, de indefensión jurídica y de discriminación por el hecho de usar el catalán.